De los recursos que fueron utilizados irregularmente por la pasada Legislatura, según los cargos que finca la Auditoría Superior del Estado de Jalisco (ASEJ) en la revisión a la cuenta pública de 2009, 198.2 millones de pesos fueron depositados en las cuentas bancarias de los coordinadores parlamentarios o los tesoreros de las bancadas. Esto representa 70.6 por ciento del total de los señalamientos realizados por la ASEJ, que ascienden a 280.6 millones de pesos.

Esa cantidad se dio por la decisión que tomaron los diputados, para que recursos de distintas partidas se depositaran en dichas cuentas bancarias. Como no se pudo acreditar el destino que se dio a esos recursos, la ASEJ determinó que se fincaran como cargos, lo que validó la Comisión de Vigilancia.

Según el dictamen aprobado, el cual tendrá que remitirse al pleno, 198 millones 276,137 pesos fueron a dar a las cuentas de las bancadas. Sin embargo, en el desglose de los cheques sólo se acredita la distribución de 129.1 millones.

En 2009 los coordinadores de fracción eran: Jorge Salinas Osornio (PAN), Juan Carlos Castellanos Casillas (PRI), Samuel Romero Valle (PRD), Juan Oscar Alejandro Díaz (Panal), Luis Manuel Velez Fregoso (PVEM) y Alfredo Zárate (PT).

La ASEJ emitió dos pliegos de observaciones sobre la cuenta pública del Congreso con 55 señalamientos conjuntos de los que sólo solventaron once totalmente y cuatro parcialmente. Del resto, se fincaron cargos por 280.6 millones de pesos.

Para intentar justificar las transferencias, el ex presidente de la Comisión de Administración, Jorge Arana Arana, presentó dos acuerdos aprobados por dicho órgano. El primero es del 30 de octubre de 2007, donde se autoriza al secretario general y al director de Control Presupuestal para que transfieran mensualmente las partidas 1201, honorarios; 1202, sueldo base al personal supernumerario; 3308, estudios, investigaciones y consultorías; 3802, gastos de ceremonial; 3806, gastos de representación, y 3807, asignaciones a los grupos parlamentarios, a las diferentes fracciones.

El otro acuerdo es del 22 de enero de 2009 y reitera el anterior.

Para hacer esos depósitos, se utilizaba una sola póliza. Un ejemplo, es el depósito hecho a la fracción parlamentaria del PRI, el 23 de enero de 2009, por 375,571.70 pesos, respaldados con la póliza D-52, de recursos de la partida de asignaciones a los grupos parlamentarios. Sin embargo, esa misma póliza se usa para otros seis depósitos, de dinero de seis partidas diferentes. En total, se entregaron con ese documento un millón 565,624.60 pesos al PRI.

Pleito personal

El auditor superior, Alonso Godoy, fincó como cargo el pago de poco más de un millón de pesos como liquidación al funcionario José de Jesús Padilla Robles. Lo curioso es que es el mismo ex funcionario al que denunció penalmente por el presunto arreglo de cuentas públicas. Padilla tuvo que pasar dos años en la cárcel y fue absuelto. El argumento del auditor es que sí hay una sentencia que ordena el pago, pero no hay soporte jurídico y contable sobre cómo se definió el monto, requisito que no pidió en los 6.5 millones de pesos que él cobró.

Sonia Serrano Íñiguez /Guadalajara