Guadalajara • A mediados de marzo de 2012, el diputado Luis Armando Córdova Díaz presentó a la Secretaría General del Congreso del Estado de Jalisco una petición acerca de la información financiera del Poder Legislativo; el 3 de mayo pasado, reiteró la solicitud. Cuatro días después, el titular de esa área, José Manuel Correa, respondió que ya se habían girado instrucciones para que se le entregara. Pero el 17 de mayo, el funcionario rectificó y envió un memorándum al legislador, en el que le señala que “debido a la naturaleza de la misma, la he remitido a la Junta de Coordinación Política para su conocimiento y determinación”.

En el Congreso del Estado, aunque los 39 diputados locales tienen el mismo nivel, no todos pueden tener acceso a la información, especialmente si se trata acerca del personal que labora en el Poder Legislativo o de las finanzas. Ésta es reservada para los cuatro líderes parlamentarios. Esto fue lo que motivó la iniciativa para que desaparezca la Junta de Coordinación Política, que conforman los coordinadores de cada una de las fracciones existentes.

La propuesta, que elaboró el mismo Córdova Díaz, fue dictaminada a favor, sólo con el voto en contra del coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Raúl Vargas López. Pero no llegó al pleno, pues el líder de la bancada priista, Roberto Marrufo, convenció al dirigente del PRI Jalisco, Eduardo Almaguer Ramírez, que interviniera para frenarla.

A lo largo de la actual Legislatura, la LIX, ha sido constante la petición de información administrativa por parte de diputados a las diferentes direcciones y a la Junta de Coordinación Política, sobre todo de parte de las legisladoras de las diferentes bancadas. Los datos se les han negado o se les entregan de manera parcial.

Ante esa situación, un grupo de diputados priistas elaboró una lista de las funciones que, contrario a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, asume la Junta de Coordinación Política. Coinciden en que sustituye a la Mesa Directiva, porque los coordinadores “deciden qué asuntos se ven, cuáles se votan, cuáles se retiran y, de ser posible, tratan de decidir en qué sentido se votan”.

Los coordinadores definen también el nombramiento de funcionarios del Congreso, consejeros y presidentes de organismos públicos autónomos, del Consejo de la Judicatura y de magistrados. En estos casos, sólo entregan a los otros legisladores una tarjeta con los nombres de quienes deben ser electos. También tienen el control del uso del patio para foros y reuniones; reparten oficinas y áreas del Congreso, incluyendo cajones de estacionamiento; así como la integración de comisiones y comités permanentes y transitorios.

La Junta de Coordinación Política decide también los acuerdos que toma la Comisión de Administración, como contratación de personal y asignación a las diferentes áreas, presupuesto y distribución de bienes. La Comisión sólo los valida.

Otro ejemplo de la intervención de la Junta es el registrado el 26 de julio de 2011. Se presentó una propuesta de acuerdo para que la Comisión de Asuntos Electorales lanzara la convocatoria para elegir al contralor del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPCJ). Fue turnado a los coordinadores parlamentarios. Lo mismo sucedió con el oficio enviado por la Secretaría de Planeación, para pedir que se integrara un equipo de trabajo sobre límites municipales.

El control absoluto de las decisiones del Congreso por parte de la Junta de Coordinación Política no sólo se ha dado en esta Legislatura. En la anterior, se tomaron ahí decisiones como la de depositar los recursos de diferentes partidas en las cuentas bancarias de los líderes parlamentarios; la apertura de una cuenta que no se registró, con 30 millones de pesos que les entregó la Auditoría Superior, así como su gasto, y los pagos por 6.5 millones de pesos al auditor superior, Alonso Godoy Pelayo y por cinco millones a su suegro, Alfredo Vargas Padilla.

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Claves
Para saber

Funciones que, en la práctica, tiene la Junta de Coordinación Política

► Sustituye a la Mesa Directiva, al decidir el calendario de sesiones y orden del día; asuntos que se ventilan, cuáles se votan, cuáles se retiran y el sentido en que deben votarse.

► Nombramiento de funcionarios del Congreso del Estado.

► Nombramiento de consejeros y presidentes de organismos públicos autónomos, del Consejo de la Judicatura y de magistrados.

► Uso del patio y salones.

► Reparto de oficinas y áreas del Congreso, así como cajones de estacionamiento.

► Integración de comisiones y comités, tanto permanentes como transitorios.

► Acuerdos administrativos, que sólo son validados por la Comisión de Administración.

Argumentos de la propuesta para desaparecer a la Junta

► La junta se creó en julio de 2003, con el objetivo de institucionalizar el diálogo, la cooperación y el trabajo compartido entre los grupos parlamentarios.

► En la práctica, su operación vulnera y contraviene los derechos de los diputados.

► Los diputados independientes no tienen representación en la Junta.

► Sus funciones pueden ser realizadas por la Mesa Directiva, que tiene la mayoría de las facultades que en la práctica asume la Junta. Además, se fortalece el poder del pleno.