Guadalajara • El juicio que se perdió ante la empresa Consultores López Castro y Compañía enfrentó a los coordinadores parlamentarios del Congreso del Estado. Mientras que el líder de la fracción del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Roberto Marrufo Torres, dijo que no hay información de que los particulares hubieran recuperado recursos ante la Secretaría de Hacienda y responsabilizó a la Mesa Directiva que encabezaba el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Enrique Aubry de Castro Palomino, del reconocimiento del adeudo, este último afirmó que seguramente el priista no entendió lo que le preguntaron. Por su parte, Raúl Vargas defendió la firma del convenio a través del cual se admitió una deuda de 83.4 millones de pesos.

Entrevistado ayer, Marrufo Torres dijo que el reclamo de la empresa “es por recuperación de impuestos y no hubo recuperación […] No hay un documento en el que se nos diga que hubo una recuperación y tenemos los documentos donde Hacienda nos dice que no recuperó un solo centavo”.

Se le preguntó por qué entonces se había firmado un convenio durante la actual Legislatura, en el que se reconoció el adeudo por parte del Congreso, a lo que respondió que “consideró la Mesa Directiva en ese momento que debería hacerse, puesto que el reclamo era arriba de 90 millones”.

Al momento de la firma del convenio, la Mesa Directiva era integrada por Enrique Aubry de Castro Palomino como presidente de la misma, la priista Patricia Retamoza Vega y Gustavo Macías Zambrano, del Partido Acción Nacional (PAN) como secretarios. También fue firmado por los integrantes de la Comisión de Administración, que preside el perredista Raúl Vargas López.

Entrevistado al respecto, Enrique Aubry dijo que el convenio fue respaldado por la Junta de Coordinación Política, de la cual forma parte Roberto Marrufo, por lo que no puede ahora argumentar que no sabía del tema.

Sobre las razones por las que firmaron el convenio, el líder de la fracción del PVEM dijo que el Jurídico les informó que el adeudo era alto y que se podía llegar a un acuerdo con la empresa, porque no había recursos para pagar. Consideró que la responsabilidad es de la anterior Legislatura, la LVIII, por contratar a la consultora y por fijar un porcentaje alto de pago con respecto a la posible recuperación de impuestos.

MILENIO JALISCO informó que el Congreso del Estado perdió un juicio ante Consultores López Castro y Compañía, que reclamaba 42.9 millones de pesos. Además, la actual Legislatura firmó un convenio en el que reconocía que adeudaba a los particulares 83.4 millones de pesos, aunque la empresa renunciaba a más de 33 millones, a cambio de que se le liquidaran 58 millones de pesos.

El miércoles, la fracción del PAN, a través de su coordinador, José Antonio de la Torre Bravo, pidió la destitución del director Jurídico, Luis Antonio Rocha Santos, por lo que consideró una mala estrategia legal.

Raúl Vargas defendió ayer el convenio, pues afirmó que “se nos recomendó que eso era lo conveniente, porque afectaría menos al Congreso, porque el rumbo que llevaba el litigio era seguramente el perderlo y en eso se fundamentó la decisión de la Mesa Directiva, de la Junta de Coordinación Política y de la Comisión de Administración”.

Dicho convenio fue luego usado como prueba en el juicio que perdió el Congreso y es la base para que el Tribunal ordene el pago. Raúl Vargas dijo, a pesar de esto, que es “un juicio que tiene otras aristas”.

El también coordinador de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) rechazó que la responsabilidad de que se haya perdido este juicio y otros, como el del desacato que derivó en la destitución como diputado de Gustavo Macías, haya sido del director Jurídico.

► Congreso no está obligado a pagar: Cosío

El Congreso del Estado no está obligado a pagar por el convenio firmado con Consultores López Castro y Compañía, ya que nunca fue aprobado por el pleno, afirmó el presidente de Alianza Cívica, Salvador Cosío Gaona, quien anunció que presentaría una denuncia penal contra el presidente de la Comisión de Administración, Raúl Vargas López y quien resulte responsable por los delitos de abuso de confianza, usurpación de funciones y peculado.

Además, ayer mismo presentó una demanda de juicio político en contra de Vargas López, como presidente de la Comisión de Administración.

MILENIO JALISCO dio a conocer que el Congreso perdió un juicio en contra de Consultores López Castro y Compañía, que reclamaba el pago de 42.9 millones de pesos, por recursos recuperados ante la Secretaría de Hacienda. Además, que la actual Legislatura firmó un convenio con los particulares, en el que reconoció un adeudo de 83.4 millones de pesos, aunque aparentemente la empresa sólo cobraría 58 millones de pesos.

Salvador Cosío dijo que la Comisión de Administración y la Mesa Directiva del Congreso no tienen facultades para firmar un convenio de este tipo y comprometer los recursos del Poder Legislativo, por lo que ante la resolución del tribunal federal, debe interponerse una queja. También señaló que los recursos presuntamente recuperados son por pagos indebidos del impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT), por lo que no corresponden al Congreso del Estado, sino a los empleados del mismo, que pueden reclamar ante sus jefes que les sea reembolsado el dinero. Agregó que, en el peor de los escenarios, el Legislativo podría alegar que no tiene suficiencia presupuestal para pagar a la empresa.