México • A cinco días de que venzan los 80 días de arraigo a que fue sometido, Ricardo Escorcia Vargas, general de división de Estado en Mayor en retiro, quien es investigado por la Procuraduría General de la República (PGR) por apoyar presuntamente al cártel de los Beltrán Leyva, comenzó a realizar maniobras legales para conocer si ya fue solicitada una orden de aprehensión en su contra.

Funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) revelaron que el divisionario interpuso una demanda de garantías contra cualquier orden de aprehensión que pretenda ejecutar en su contra la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).

El juicio quedó radicado en el juzgado 13 de distrito de amparo en materia penal, por lo que el juez Jesús Alberto Chávez Hernández solicitó a la PGR rendir informes justificados para conocer si existe dicho acto.

La petición también se hizo extensiva a los jueces de distrito en materia de procesos penales federales que se localizan en los tres penales de máxima de seguridad, al igual que el que se encuentran en el penal federal de El Rincón, en Tepic, Nayarit, considerado de mediana seguridad. Al militar se le fijó una garantía de 30 mil 500 pesos.

Según funcionarios de la PGR, contra Escorcia existen señalamientos en el sentido de que dejaba aterrizar en Morelos aviones cargados con droga cuando era jefe de la 24 Zona Militar.

Además existen declaraciones en las que se asegura que ordenó a subordinados recoger dinero para otros mandos castrenses, recursos que supuestamente enviaban los hermanos Beltrán Leyva por proteger sus actividades ilícitas.

El caso Ángeles

Como parte de esta investigación, hace unos días la PGR aceptó ante una juez federal que solo cuenta con los “dichos” de testigos colaboradores que afirman que Tomás Ángeles Dauahare guarda relación con el crimen organizado, pero no mostró pruebas documentales.

Dichos testigos son los mismos que involucran en la misma red de protección al general Escorcia Vargas, a Roberto Dawe González y al teniente coronel Silvio Isidro de Jesús Hernández.

Las autoridades consultadas señalaron que además de los tres testigos colaboradores (Jennifer, Mateo y el mayor Iván) también han declarado, en contra de los mencionados, cinco militares, entre ellos un general. Además, existen declaraciones de tres agentes de la Policía Federal en el mismo sentido.

Otro de los denunciantes, comentaron, es el mayor Arturo González Rodríguez, quien formó parte del Cuerpo de Guardias Presidenciales, al que se detuvo en 2008.Esta persona ha declarado que el general Roberto Dawe vendía armas a la mencionada organización criminal, insumos que presuntamente eran propiedad del Ejército mexicano.

Origen de la indagatoria

La investigación de la PGR se realizó en 18 estados, donde se recabaron alrededor de 90 testimoniales, mismas que fueron importantes para ordenar el arraigo de los jefes castrenses, quienes el próximo 3 de agosto cumplirán con 80 días de arraigo.

En marzo de 2010 comenzaron a surgir las principales claves de este caso, gracias a la detención de operadores y personajes cercanos a los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, El Barbas y El H, respectivamente.

Roberto López Nájera, cuyo nombre clave es Jennifer, es el testigo “estrella” de la PGR, no sólo dio la información para ubicar a los principales líderes del cártel de los Beltrán Leyva, sino que también llevó al arraigo a todos los militares.